El sistema registral en Colombia tiene sus raíces en la época colonial, cuando la Corona española introdujo mecanismos para controlar la tenencia de tierras y otros bienes en sus territorios de ultramar. A medida que se consolidaba el dominio español en el Nuevo Reino de Granada, surgió la necesidad de regular la propiedad para garantizar la recaudación de tributos y mantener el orden social. Estas primeras formas de registro sentaron las bases del sistema registral moderno en el país.
Durante la colonia, la propiedad de la tierra era centralizada bajo el dominio de la Corona española, y los títulos se concedían a través de las mercedes de tierras. Estas concesiones, otorgadas por funcionarios reales, eran registradas en documentos oficiales, marcando uno de los primeros pasos hacia un sistema de registro formal. Los registros tenían como objetivo principal documentar la transferencia de derechos sobre la tierra, evitando disputas entre colonos y asegurando que los tributos llegaran a las arcas de la Corona.
Con la independencia de Colombia en el siglo XIX, el sistema registral comenzó a evolucionar hacia un modelo más estructurado y descentralizado. En 1825, el Congreso de la República promulgó la Ley de Tierras, que estableció la necesidad de registrar oficialmente las propiedades para validar su posesión. Este fue un paso crucial para formalizar el acceso a la tierra en el naciente Estado colombiano y brindar seguridad jurídica a los propietarios. Sin embargo, la implementación de esta medida fue limitada debido a la falta de infraestructura administrativa y conflictos sociales relacionados con la concentración de tierras.
En la segunda mitad del siglo XIX, se introdujeron reformas más específicas para fortalecer el sistema registral. En 1869, se creó la figura de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, que buscaban centralizar y organizar la inscripción de actos jurídicos relacionados con la propiedad y otros derechos reales. Este modelo permitió mayor transparencia en las transacciones y contribuyó a reducir conflictos por la tenencia de tierras. Sin embargo, aún existían retos significativos, como la falta de acceso al sistema para campesinos e indígenas y la informalidad en las zonas rurales.
El sistema registral colombiano siguió modernizándose a lo largo del siglo XX, consolidándose como una herramienta clave para garantizar la seguridad jurídica y fomentar el desarrollo económico. Aunque en sus inicios estuvo marcado por desafíos relacionados con la centralización, la desigualdad y la informalidad, su evolución ha permitido establecer un marco más sólido para la administración de la propiedad.
En el siglo XX, con el crecimiento urbano y el aumento de las transacciones inmobiliarias, el sistema registral colombiano fue modernizándose y adaptándose a nuevas realidades sociales y económicas. La informatización de los registros, la creación de la Superintendencia de Notariado y Registro en 1972 y la ley de propiedad horizontal de 1983 fueron hitos clave en este proceso. Actualmente, el sistema registral se caracteriza por su búsqueda de transparencia, eficiencia y acceso a la información, aunque enfrenta retos en áreas como la digitalización completa de los registros y la inclusión de comunidades rurales e indígenas en el proceso de formalización de la propiedad.
