En Colombia, la función registral está regida por un conjunto de leyes y normas que buscan garantizar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y otros actos relacionados con los derechos sobre bienes. A lo largo de los años, se ha desarrollado un marco normativo robusto que establece los principios y procedimientos para la inscripción de documentos, la validación de derechos y la protección de los intereses de los ciudadanos. Entre las leyes más importantes que rigen esta función se encuentran la Ley 1579 de 2012, el Código Civil, la Ley 789 de 2002 y la Ley 1098 de 2006.
La Ley 1579 de 2012 es una de las normas fundamentales que regula la actividad registral en Colombia. Esta ley estableció la obligación de inscribir los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles en el Registro de Instrumentos Públicos, así como el procedimiento para hacerlo. Su principal objetivo es asegurar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y brindar transparencia en la información sobre la propiedad. Además, la ley establece las bases para la organización y el funcionamiento de las oficinas de registro, procurando la eficiencia y la accesibilidad en el acceso a la información registral.
Por su parte, el Código Civil Colombiano, promulgado en 1873, es otro pilar importante en la regulación de la propiedad en Colombia. Aunque no se centra exclusivamente en la función registral, establece principios fundamentales sobre la propiedad, la transmisión de bienes y la constitución de derechos reales, los cuales deben ser inscritos en los registros públicos para que tengan efectos frente a terceros. El Código Civil, junto con el Código de Comercio, ha sido esencial para estructurar el marco legal que guía la práctica del registro de propiedades y otros derechos.
La Ley 789 de 2002 introdujo modificaciones significativas en el registro de los derechos de propiedad, especialmente en lo relacionado con la formalización de la propiedad y la titulación de terrenos. Esta ley busca promover la legalización de bienes inmuebles en zonas de expansión urbana y rural, facilitando el proceso de registro para personas que no habían formalizado su propiedad. En este sentido, la ley se orienta a fomentar el acceso a la propiedad en sectores vulnerables de la población y a resolver los conflictos derivados de la informalidad en la tenencia de la tierra.
La Ley 1098 de 2006, conocida como la Ley de Infancia y Adolescencia, también tiene implicaciones indirectas en la función registral, ya que establece regulaciones sobre la capacidad de las personas para adquirir bienes y derechos. Aunque no es una ley directamente relacionada con el registro inmobiliario, su influencia sobre los derechos civiles de los menores y la forma en que los bienes se transmiten o se disponen dentro de las familias requiere tener en cuenta su disposición cuando se registran ciertos actos jurídicos.
En conclusión, las leyes que rigen la función registral en Colombia han sido fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en el país, facilitando la formalización de derechos de propiedad y asegurando la transparencia en las transacciones inmobiliarias. La Ley 1579 de 2012, junto con el Código Civil y otras normativas, ha proporcionado el marco necesario para el desarrollo de un sistema registral más eficiente y accesible, aunque aún existen desafíos en cuanto a la cobertura y la inclusión de ciertos sectores de la población. El cumplimiento adecuado de estas leyes es esencial para el desarrollo social y económico del país.
